¿Existe el Estado en la Argentina?

por : Dr. Mario Meneghini

El presidente Javier Milei aseguró durante un reportaje concedido a un sitio de noticias estadounidense llamado The Free Press: “Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro… Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado…” (1)

Es cierto que lo mencionado agrava la crónica debilidad institucional e imprevisilidad que afecta a la Argentina, y que involucra a los tres niveles del sector público, y no es responsabilidad exclusiva de un partido político.

El Prof. Bidart Campos explica que el hombre y las instituciones temporales están en el Estado como círculos concéntricos dentro de uno mayor; logran la posibilidad de su fin dentro de un fin de bien común público, que incumbe a la sociedad máxima; máxima porque es la suprema en la órbita de las competencias temporales, y dentro de ella, la única sociedad perfecta. (2)

Creemos que, en nuestro país, el problema es muy profundo y complejo: no es que el Estado funcione defectuosamente, sino que dejó de existir como tal, y desde hace mucho tiempo.

Esta es, precisamente, la situación argentina, pudiendo citarse la opinión de tres intelectuales de diferente posición:

* Dr. Jorge Vanossi (siendo Ministro de Justicia): “La Argentina es un Estado debilucho, que está al borde de la anomia…” (La Nación, 17/3/02).
* Dr. Manuel Mora y Araujo: “…el Estado argentino no funciona. No cumple su papel, no brinda a la sociedad los servicios que se esperan de él…” (La Nación, 20/3/02).
* Dr. Natalio Botana: “…podemos llegar a una conclusión provisoria muy preocupante: que tenemos una democracia en un país sin Estado y sin moneda.” (Clarín, 28/4/02).

Estado fallido

Desde hace unos años existe la tendencia a utilizar el apelativo de fallido cada vez que un Estado parece estar sumido en el caos y en la anarquía, o que un determinado sistema de gobierno se ve afectado por intensos actos de violencia o de guerra civil. Primero fue Somalia, en la década de los noventa del pasado siglo, tras la caída del dictador Siad Barré y la posterior e interminable lucha intestina por el poder que lo siguió; hoy están en la lista: Sudán, Sudán del Sur, Siria, República Democrática del Congo, Yemen, Afganistán, República Centroafricana y Haití.

Entre las características comunes de un Estado fallido se incluyen un gobierno incapaz de recaudar impuestos, hacer cumplir la ley, garantizar la seguridad, controlar el territorio, dotar de personal a los cargos políticos o civiles y proyectar, mantener y ampliar las infraestructuras. Cuando esto sucede, es mucho más probable que se produzca la anomia social y sus consecuencias: corrupción y delincuencia generalizadas, la intervención de actores estatales y no estatales, la aparición de refugiados y el desplazamiento involuntario de poblaciones.

Se puede decir que un Estado cumple su rol, en los términos de Max Weber, cuando mantiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras. Cuando no se da esta condición (por ejemplo, cuando dominan el panorama los señores de la guerra, los grupos paramilitares o se presentan situaciones sistemáticas de terrorismo), la existencia misma del Estado resulta dudosa, y suele considerárselo como fallido.

El caso argentino

Quien mejor desarrolló el tema fue el Dr. Marcelo Sánchez Sorondo (3) y conviene recordar su argumentación. Sostiene este autor, que todo Estado incluye un gobierno, pero no todo gobierno implica que existe un Estado. El Estado es una entidad jurídico-política, que surge recién en una etapa de la civilización, como complejo de organismos, al servicio del bien común. Supone una delimitación explícita del poder discrecional; si un gobernante puede afirmar “el Estado soy yo”, queda demostrada la inexistencia de un Estado. Pues la hipertrofia del poder personal, sin frenos, es un síntoma de la ausencia de un Estado.

En toda institución -y el Estado es la de mayor envergadura en un territorio determinado-, el dirigente se subordina a la finalidad perseguida y a las normas establecidas. “No hay Estado si el contexto político y el orden jurídico que lo encuadran son una ficción y por momentos una superchería. Cuando el poder no se emplaza en la órbita de las instituciones, sino que se adscribe a una tipología grupal o meramente personal, entonces no se alcanza ese nivel de civilización política que implica la existencia en plenitud, la plenipotencia del Estado”. (4)

El gobierno no encuadrado en un Estado, es errático y caprichoso; sirve únicamente para el enriquecimiento e influencia individual de los gobernantes, que no pueden lograr el funcionamiento eficaz de la estructura gubernamental. De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado.

En síntesis, la Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos. Pero, para intentar fundamentar brevemente esta tesis, es necesario describir las notas características que distinguen a un Estado contemporáneo, más allá de las formalidades constitucionales y del tipo de gobierno establecido. Para ello, partimos del esquema del Profesor de Mahieu, (5) y definimos al Estado como el órgano de integración social, planeamiento y conducción, de una sociedad territorialmente delimitada, que procura el bien común. Es decir, que sólo puede calificarse de Estado, aquel que cumple las tres funciones básicas señaladas.

1. Integración social. La unidad social es el resultado de la interacción de las diversas fuerzas sociales constitutivas, síntesis en constante elaboración por los cambios que se producen en los grupos y en el entorno. La superación de los antagonismos internos no surge espontáneamente; es el resultado de un esfuerzo consciente por afianzar la solidaridad sinérgica a cargo del Estado. A semejanza del director de orquesta, es el Estado el que logra crear una melodía social unitaria y armoniosa. El poder estatal tendrá legitimidad en la medida en que cumpla dicha función, garantizando la concordia política.

2. Planeamiento. El Estado centraliza la información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas. Los datos son procesados y extrapolados en función de los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo. Con mayor o menor intensidad, según el modelo gubernamental elegido, es en el marco del Estado donde debe realizarse el planeamiento global que establezca las metas y las prioridades en el proceso de desarrollo integral de la sociedad, en procura del Bien Común. Por cierto, que en una concepción jusnaturalista, el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí misma lo que puedan hacer y procurar las comunidades menores e inferiores. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los cuerpos intermedios.

3. Conducción. La esencia de la misión del Estado es el ejercicio de la autoridad pública. La facultad de tomar decisiones definitivas e inapelables, está sustentada en el monopolio del uso de la fuerza, y se condensa en el concepto de soberanía. El gobernante posee una potestad suprema, en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se justifica en razón del fin para el que está establecido y se define por este fin: el Bien Común temporal.

Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de existir como tal o ha efectuado una transferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado.

Como hipótesis, nos animamos a decir que el Estado argentino dejó de funcionar como tal a partir de 1970. Aplicando, sintéticamente, el esquema teórico expuesto, podemos advertir que en la fecha indicada resultaron afectadas las tres funciones básicas:

Integración social: a fines de la década del 60 comienzan enfrentamientos y disturbios sociales graves, que culminan en una guerra civil. En mayo de 1969 se produce el Cordobazo, y un año más tarde, el secuestro y asesinato del Gral. Aramburu. Del presente, para comprobar el desorden de la sociedad, baste citar: los 12.849.616 de pobres y los 2.866.085 de indigentes según cifras oficiales (Infobae, 5-2-2026); promedio de condenas por delitos cometidos en la última década, 3,2%; 45.000 prófugos de la Justicia.

Planeamiento: luego de haberse aplicado en los dos Planes Quinquenales, y perfeccionado el sistema con la creación del Consejo Nacional de Desarrollo, que logró, por primera y única vez, fijar las Políticas Nacionales (Decreto 46/70); dejó de aplicarse el planeamiento como instrumento de gobierno, hasta el presente, desde junio de 1970.

Conducción: El 8 de junio de 1970 asume el poder político la Junta de Comandantes en Jefe. El Proceso de Reorganización Nacional formalizó a la Junta Militar como órgano supremo, con lo que, durante varios años la jefatura del Estado dejó de ser individual y se convirtió en triunvirato. Desde entonces, el sector público argentino carece de una conducción unificada, homogénea, racional, que respete el sistema federal de gobierno.

En el panorama descripto, deja de funcionar el Estado como compendio de instituciones con recíproca interdependencia, y es reemplazado por un ejercicio discrecional y desordenado del poder.
En conclusión, si es correcto el análisis, la prioridad absoluta –y urgente- consiste en restaurar el Estado, y procurar que actúe eficazmente. “El Estado es el lugar del poder nacional. Sin Estado, la voluntad del pueblo y su democracia carecen del instrumento imprescindible para imponer los objetivos deseados, incluso para que una democracia formal se adueñe de todos los resortes institucionales” . (6)

Asimismo, economistas del interior consideran que el reordenamiento del sector público es un factor previo al debate y el diseño de un plan de desarrollo. “Dicho de manera más directa, asumimos que ordenar el sector público es una etapa anterior a dirimir cuáles deberían ser los contenidos del plan.” “…se necesita un sector público que se someta a las directrices contenidas en el plan y que ejecute las acciones que componen la estrategia. Eso es de lo que carecemos y es, a nuestro juicio, una de las razones principales que explican la decadencia.” (7)