Los residuos en la Economía Circular
Los residuos en la Economía Circular
Por: Lic. Witold Roman Kopytyński
Nuestro país genera diariamente unas 40.000 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y cerca de 1.800.000 toneladas al año de Residuos Industriales No Peligrosos (RINEs) asimilables a RSU. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) genera 21.000 Tn/día de RSU, y 700.000 Tn/año de RINEs. Residuos particularmente fuera de toda gestión son los neumáticos fuera de uso (NFU), de los que se generan unas 130.000 Tn/año en todo el país, de las cuales unas 30.000 en la Provincia de Buenos Aires y más particularmente en el AMBA.
Estos datos surgen principalmente de los registros disponibles de fuentes diversas, públicas y privadas. Un indicador ausente tanto a nivel nacional como provincial y municipal es el de la masa tratada y dispuesta en forma ambientalmente segura respecto de la masa generada por tipo de residuo. La disponibilidad de información homogénea y trazable constituye un requisito indispensable para diseñar políticas públicas eficaces y medir su impacto.
Marco Normativo
En los últimos quince años ha habido una cierta proliferación de normas aisladas en el marco regulatorio ambiental, principalmente en municipios y provincias, intentando encauzar el destino de estos residuos de manera sustentable y atendiendo a la minimización, recuperación, reúso, reciclaje y valorización en una secuencia jerarquizada de prioridades de tratamiento y destino.
Este marco regulatorio requiere, para su eficaz concreción, la existencia de infraestructura y de una verdadera industria de los residuos que permita la correcta gestión y disposición de los residuos urbanos e industriales, hoy claramente deficitaria frente a la masa generada anualmente.
Las mayores debilidades pasan por un marco regulatorio ya obsoleto, con más de veinticinco años de antigüedad, y por la dificultad para actualizarlo e incorporar nuevas herramientas que la evolución tecnológica y la economía circular hacen hoy indispensables.
Debe promoverse una ley de presupuestos mínimos para la gestión integral de RSU y RINEs ambientalmente sustentable que permita implementar, en el corto plazo, la infraestructura necesaria. Esta ley debería considerar aspectos tales como la gestión y valorización energética de NFU, el co-procesamiento de residuos con valor calórico residual en industrias de alta demanda energética, la reducción progresiva del enterramiento sanitario y la erradicación definitiva de los basurales a cielo abierto.
La promulgación de las leyes de promoción de las energías renovables y de la generación distribuida constituye un importante avance para revertir décadas de escasa inversión energética. En consecuencia, la mirada hacia el futuro debe apoyarse en una actualización normativa permanente, la incorporación de nuevas tecnologías y la promoción de inversiones públicas y privadas.
Especial atención merece el nivel municipal. Los gobiernos locales son el primer eslabón de la gestión de residuos y, en muchos casos, el único responsable operativo frente a la comunidad. Sin embargo, existe una marcada asimetría entre los grandes centros urbanos y los pequeños municipios en cuanto a recursos técnicos, capacidad financiera y disponibilidad de infraestructura.
En particular, los municipios que generan menos de 200 toneladas diarias de residuos difícilmente puedan sostener por sí solos instalaciones modernas de tratamiento y valorización. En estos casos resulta indispensable promover esquemas asociativos regionales mediante consorcios, microrregiones o clústeres intermunicipales que permitan alcanzar economías de escala, compartir infraestructura, profesionalizar la gestión y acceder a financiamiento nacional e internacional.
Asimismo, debería impulsarse un programa nacional de fortalecimiento institucional para pequeños municipios que contemple asistencia técnica permanente, capacitación de funcionarios y operadores, elaboración de planes locales de gestión integral de residuos, digitalización de la información ambiental y sistemas unificados de indicadores de desempeño.
Gestión local y desarrollo territorial
La transición hacia una economía circular representa una oportunidad especialmente valiosa para los pequeños municipios, no sólo desde el punto de vista ambiental sino también como herramienta de desarrollo económico local.
La recuperación de materiales reciclables, el compostaje de la fracción orgánica, la producción de biogás, la valorización energética y el tratamiento regional de residuos pueden transformarse en actividades generadoras de empleo, inversión privada y nuevas cadenas de valor.
En localidades de menor escala resulta posible implementar sistemas de recolección diferenciada más eficientes, programas de separación en origen con alta participación ciudadana y esquemas de economía social mediante cooperativas de recuperadores urbanos debidamente formalizadas.
Los municipios también deberían incorporar criterios de economía circular en sus propias políticas de compras públicas, priorizando materiales reciclados, promoviendo mercados locales para los productos recuperados y estimulando la instalación de pequeñas industrias vinculadas al reciclaje, la reparación, la reutilización y el aprovechamiento de residuos agropecuarios.
La gestión moderna de residuos debe dejar de ser considerada únicamente como un servicio público para convertirse en un verdadero instrumento de desarrollo territorial sostenible.
Infraestructura
Hay instalaciones ya en funcionamiento en torno al CEAMSE de plantas de Tratamiento Mecánico-Biológico, así como la generación de energía eléctrica a partir del biogás obtenido de las celdas de los rellenos Norte III y Ensenada. También otra planta TMB en Zavaleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este modelo de gestión debería multiplicarse en las grandes ciudades, incorporando la valorización energética de una parte significativa de los residuos que hoy terminan en enterramiento.
Para ciudades intermedias y pequeñas, el modelo no necesariamente debe replicar grandes instalaciones metropolitanas, sino adaptarse mediante plantas modulares, centros regionales de transferencia, plantas de clasificación compartidas, compostaje descentralizado y biodigestores de escala apropiada. La tecnología debe responder a la realidad territorial y no al revés.
La consecuencia inmediata de la falta de infraestructura es que los rellenos sanitarios se están agotando, particularmente en el AMBA, mientras que en numerosas localidades y provincias la práctica de los basurales a cielo abierto continúa siendo habitual.
En varias provincias existen inventarios de basurales elaborados hace más de una década que siguen vigentes porque muchos de esos sitios aún no han sido clausurados ni remediados.
La erradicación de basurales, junto con la remediación ambiental de los sitios contaminados, constituye una prioridad sanitaria y ambiental. Estos lugares favorecen la proliferación de vectores de enfermedades, contaminan suelos y aguas subterráneas y generan emisiones contaminantes producto de las quemas.
Las oportunidades que ofrece la economía circular comprenden la recuperación de materiales, el reciclaje, la valorización energética de residuos urbanos, industriales y agropecuarios, la eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables, el cierre definitivo de basurales y la disminución progresiva del enterramiento sanitario.
Otra debilidad importante continúa siendo la escasa actualización tecnológica y la insuficiencia de incentivos para promover inversiones ambientales.
La diversificación de la matriz energética mediante energías renovables constituye uno de los pilares estratégicos para las próximas décadas, especialmente considerando el enorme potencial energético contenido en la fracción orgánica de los residuos urbanos, agropecuarios e industriales.
No es posible hablar de economía circular sin considerar que la energía forma parte del propio ciclo de aprovechamiento de los recursos. La circularidad implica reutilizar materiales, recuperar nutrientes y aprovechar la energía residual de los procesos productivos.
Por ello existen dos objetivos centrales: la actualización permanente del marco regulatorio y la incorporación sistemática de nuevas tecnologías que permitan consolidar una verdadera economía circular.
Un aspecto igualmente relevante es la financiación de los proyectos ambientales, especialmente aquellos intensivos en infraestructura y equipamiento. En este sentido resulta conveniente promover mecanismos innovadores de financiamiento que involucren tanto al sector privado como a organismos multilaterales de crédito, bancos de desarrollo y fondos climáticos internacionales, facilitando el acceso de pequeños municipios mediante proyectos regionales de escala adecuada.
Hacia una Política Pública de Economía Circular y la Gestión Integral de Residuos
La transición hacia una economía circular debe constituirse en una política de Estado con horizonte al año 2035, sustentada en acuerdos entre la Nación, las provincias y los municipios, que otorguen previsibilidad a las inversiones, estabilidad normativa y continuidad institucional. La gestión de los residuos no puede seguir siendo concebida exclusivamente como un servicio público destinado a la disposición final, sino como una política de desarrollo productivo, generación de empleo, protección ambiental y fortalecimiento de las economías regionales.
Se propone la elaboración de un plan con objetivos cuantificables para los años 2030, 2035 y 2050, estableciendo metas progresivas de reducción del enterramiento sanitario, incremento del reciclado, valorización energética, recuperación de materiales y erradicación definitiva de los basurales a cielo abierto. Dicho plan deberá contar con un sistema nacional de indicadores ambientales y de desempeño, de acceso público, que permita evaluar periódicamente el cumplimiento de las metas.
Uno de los ejes centrales deberá ser la creación de un sistema basado en la planificación regional, que permita promover la conformación de consorcios intermunicipales y agencias regionales de gestión, particularmente en aquellas zonas donde la escala poblacional no justifique inversiones individuales. La planificación regional permitirá optimizar la logística, compartir infraestructura, reducir costos operativos y asegurar estándares homogéneos de calidad ambiental.
La política pública deberá contemplar un programa de fortalecimiento de pequeños municipios, destinado a localidades con capacidades técnicas y presupuestarias limitadas. Este programa debe incluir la asistencia para la elaboración de planes locales de gestión de residuos, capacitación permanente de funcionarios y equipos técnicos, incorporación de herramientas digitales para la trazabilidad de residuos, asistencia jurídica para la actualización normativa y apoyo en la formulación de proyectos susceptibles de financiamiento nacional e internacional.
Resulta igualmente necesario establecer un régimen de incentivos económicos que promueva la inversión privada en infraestructura ambiental. La construcción de plantas de clasificación, reciclado, compostaje, biodigestión, tratamiento mecánico-biológico y valorización energética requiere condiciones de previsibilidad que faciliten el acceso al crédito, mecanismos de participación público-privada, incentivos fiscales y programas específicos para la incorporación de tecnologías de última generación.
La economía circular debe incorporarse asimismo como política transversal de desarrollo industrial. Los programas de promoción productiva deberán incentivar el ecodiseño, el uso eficiente de materias primas, la incorporación de materiales reciclados en nuevos procesos industriales, la reutilización de subproductos y la aplicación de criterios de análisis del ciclo de vida en la producción de bienes y servicios.
En el ámbito municipal deberá impulsarse la profesionalización de la gestión ambiental mediante la creación de áreas técnicas especializadas, sistemas modernos de información, programas permanentes de educación ambiental y mecanismos de participación ciudadana. La separación en origen, la recolección diferenciada y la inclusión de cooperativas de recuperadores urbanos deberán consolidarse como componentes permanentes de la política pública local.
La contratación pública constituye otra herramienta estratégica para acelerar la transición hacia la economía circular. El Estado, en todos sus niveles, deberá incorporar criterios ambientales en sus procesos de compra, privilegiando productos reciclados, reciclables, reparables o fabricados con materiales recuperados, contribuyendo así al desarrollo de mercados estables para los materiales provenientes del reciclaje.
Finalmente, resulta indispensable promover una política nacional de innovación aplicada a la gestión de residuos, fortaleciendo la articulación entre universidades, centros tecnológicos, organismos públicos y empresas. La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías permitirán incrementar la eficiencia de los procesos, reducir costos y posicionar al país como proveedor regional de soluciones ambientales.
La implementación de estas políticas permitirá transformar progresivamente los residuos en recursos, reducir significativamente los impactos ambientales, generar nuevas oportunidades de inversión y empleo, fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales y consolidar una verdadera economía circular como uno de los pilares del desarrollo sostenible de la Argentina.
Finalmente, resulta imprescindible establecer metas concretas para los años 2030, 2040 y 2050, con indicadores verificables y mecanismos periódicos de evaluación. La Unión Europea ya trabaja bajo este tipo de planificación estratégica de largo plazo. Argentina debe adoptar una visión semejante, fortaleciendo la cooperación internacional y la transferencia tecnológica para acelerar la transición hacia una economía verdaderamente circular, inclusiva y ambientalmente sostenible.