Elecciones bonaerenses, duro golpe a la política

Lic Juan Pablo Berarducci

Los resultados de las recientes elecciones en el distrito electoral más grande del país -que concentra el 38% del electorado nacional, con una diferencia de 30 puntos porcentuales sobre el segundo distrito, Córdoba-, son un buen indicador para inferir qué sienten los argentinos al momento de votar.

En esta convocatoria electoral los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores de nivel provincial, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares distribuidos en 135 municipios partido de la provincia. El modo de votación fue el obsoleto sistema de boleta sábana.

Para tal fin a provincia es dividida en ocho Secciones electorales con una distribución particular de los cargos legislativos provinciales a renovar. Senadores eligieron solo en las secciones Primera (8), Cuarta (7), Quinta (5) y Séptima (3). Mientras que eligieron Diputados en la Segunda (11), Tercera (18), Sexta (11) y Octava (6).

Existe un fuerte desequilibrio en términos de representatividad entre las secciones electorales bonaerenses, es así que en la Primera Sección se elige un Senador por cada 641.483 electores mientras que en la Cuarta es cada 78.240 sufragantes. La Primera y la Tercera Sección concentran el 71% del electorado, pero solo eligen el 56% de los cargos provinciales en disputa.

Esta sobrerrepresentación para algunos se hace a costa de una sub-representación de otros, consecuencia evidente de una ingeniería electoral de conveniencia que no responde a los intereses y necesidades de los representados.

Otro aspecto revelado por las elecciones en la provincia de Buenos Aires es el alto ausentismo, que sumó 5.319.233 electores. Los grandes medios lo calificaron unánimemente como ‘apatía’, sugiriendo que los bonaerenses actuaron con dejadez e indolencia al momento de elegir a sus representantes. La responsabilidad es el circunstancial estado de ánimo de los electores y no de los que diseñan el sistema.

La baja en la participación electoral en las elecciones provinciales de Buenos Aires fue del 29,77% en 2021, del 24,11% en 2023, y este año roza el 40%. Algo similar había ocurrido en 8 de las 9 elecciones provinciales anteriores ya realizadas durante este año, en estas ni siquiera se llegó al 66% de participación, con valores que nunca habían sido tan bajos desde 1983.

No podemos quedarnos con la explicación de la molicie de los bonaerenses. Si analizamos los resultados de quienes sí asistieron a votar, vemos que solo el 43,83% emitió un voto afirmativo (es decir, 6.301.867 electores), mientras que 2.755.492 votaron en blanco o anularon su voto. Esto significa que, del total de más de 14 millones de ciudadanos habilitados, solo un porcentaje menor eligió a un candidato.
Cabe preguntarse porque tal magnitud de ciudadanos sale de su casa a cumplir con el deber cívico, lo que implica un esfuerzo, pero al momento de elegir rechaza esa oportunidad-derecho. Pero se agrava más aún si a los votos en blanco o anulados sumamos el ausentismo, esto implica que el 56% de los bonaerenses está disconforme con lo que ocurre y se le propone desde la política.

Crisis de los partidos
Muchos han definido y caracterizado este fenómeno como de implosión de los partidos políticos, refiriéndose a la pérdida de relevancia y capacidad de los partidos tradicionales para representar a la ciudadanía, gestionar el poder y ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad.

Algunos de los autores más relevantes que han tratado este tema fueron: Colin Crouch: que acuñó el término «posdemocracia» para describir un sistema político en el que, aunque las instituciones democráticas formales se mantienen, la participación ciudadana y la influencia de los partidos políticos han disminuido significativamente. Peter Mair, profundizó en la crisis de los partidos en su obra «Gobernando el vacío» donde argumenta que los partidos políticos han perdido su función de intermediación entre la sociedad y el Estado. En su lugar, se han convertido en estructuras que buscan sobrevivir a sí mismas, a menudo alejadas de las demandas de los votantes y limitadas a la gestión del poder. Richard Katz conocido por su concepto de «partido cartel» pues han dejado de competir entre sí para atraer a los votantes y, en su lugar, han formado un acuerdo implícito para compartir los recursos del Estado, marginando a los nuevos actores políticos y consolidando su propia posición.

Tales definiciones sin lugar a dudas aplican a la realidad que analizamos y a la totalidad del sistema electoral argentino. La regulación de la vida política quedó en mano de las estructuras partidarias que usufructúan el monopolio de la representación, definen sus reglas e impiden otras formas y modos de participación política que no pase obligatoriamente por el brete partidario.

Desregulación de la política
La desregulación no implica eliminar la regulación, sino más bien flexibilizarla, adaptándola para que sea más inclusiva y representativa de las nuevas realidades sociales, políticas y culturales.

La reforma constitucional de 1994 ha sido clave en establecer un marco claro de regulación para los partidos políticos. Reconoce y consolida su papel otorgándoles “competencia para la postulación de candidatos”, a la vez que les impone cargas: “funcionamiento democrático, representación de minorías, dar publicidad del origen y destino de los fondos partidarios” (Art. 38). La Constitución no les otorga exclusividad en la postulación de candidatos, tampoco prohíbe, ni excluye que otras organizaciones, como movimientos sociales, asociaciones civiles, agrupaciones ciudadanas o asociaciones profesionales, puedan jugar un rol en el proceso electoral, siempre que se ajusten al sistema republicano.

Antes de la reforma, la Constitución Nacional no mencionaba específicamente a los partidos políticos, el sistema electoral estaba organizado en torno a principios generales de representación popular, pero no especificaba el rol de los partidos políticos.

La exclusividad de la nominación de candidatos para cargos públicos electivos fue dada (auto acordada) por la Ley 23298 Orgánica de Partidos Políticos. Esto implica que el Congreso Nacional tiene la facultad legislativa para ampliar el espectro de organizaciones que puedan participar en la postulación de candidatos. Sería jurídicamente posible sancionar una ley que habilite a otras organizaciones representativas de la comunidad (más allá de los partidos políticos y frentes electorales) a postular candidatos a cargos electivos.

La Constitución Nacional establece ciertos principios fundamentales que deben guiar cualquier reforma o desregulación en el sistema de representación. Los más relevantes son: que el pueblo ejerce su soberanía por medio de sus representantes (art. 22); que todos los ciudadanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos (art. 37) y que la representación política sea proporcional y equitativa. Sin embargo, hay flexibilidad dentro de estos principios para adaptar y evolucionar el sistema electoral.

Esta flexibilización podría ser posible mediante la modificación de leyes secundarias como la Ley 23.298 o el Código Electoral Nacional, sin necesidad de modificar la Constitución.

Una razonable desregulación y flexibilización y del sistema electoral y de representación podría contemplar los siguientes aspectos:
• Admisión de otras formas de organización. Permitir que otros tipos de organizaciones, como movimientos sociales, asociaciones civiles o agrupaciones ciudadanas en general, puedan presentar candidatos a cargos electivos.
• Modificar el sistema de listas cerradas y promover la postulación abierta. Permitir que los votantes puedan postularse directamente a cargos legislativos (similar a la elección de un sistema de independientes). Eliminaría la rigidez partidaria permitiendo a individuos con el respaldo suficiente de votantes presentarse como candidatos independientes.
• Sistemas de candidaturas mixtas. Implementar una representación más flexible que no dependa exclusivamente del sistema de listados partidarios. Explorar sistemas mixtos que den cabida a candidatos independientes, a movimientos de base y a agrupaciones informales que sean representativas de la comunidad.
• Coaliciones informales o ad hoc. Actualmente, los frentes electorales son coaliciones de partidos políticos, pero podrían abrirse a coaliciones informales o alianzas que no necesariamente se constituyan como partidos políticos formales. Esto implicaría una mayor flexibilidad en la manera de organizar agrupaciones que puedan presentar candidatos a cargos electivos.
• Sistema de voto preferencial o listas abiertas. Permitir a los votantes elegir entre los candidatos individuales dentro de una lista de partido o incluso fuera de ella. Esto también permitiría que personas sin pertenencia formal a un partido político puedan ser electas.


Hacia una nueva ley Sáenz Peña
La Ley 8.871 de 1912 conocida como “ley Ley Sáenz Peña” transformó el sistema electoral al eliminar el “voto cantado» incorporando los principios de sufragio: universal, secreto y obligatorio. Como en aquel momento nuestro país necesita hoy refrescar su sistema representativo y de selección de candidatos, de lo contrario se profundizará la grieta existente entre representantes y representados y el bien común será cada vez una empresa menos realizable.