El agua, la vida y la economía social
El agua, la vida y la economía social
Por Domingo R. Godoy
Recepción institucional histórica.
Podemos rescatar con orgullo en nuestra provincia de Mendoza la visión de futuro de las personas que pensaron e impulsaron nuestra Constitución. En el siglo XIX deliberaron y plasmaron dos principales instituciones que permanecen activas: la Dirección General de Escuelas y el Departamento General de Irrigación. Esto último, rescatando lo hecho en la red hídrica desde hace 500 años. Hubo una gran visión histórico-colonial de la red hídrica.
A mediados del siglo XX el sistema de irrigación de Mendoza era considerado más eficiente que el de Israel. Los avances tecnológicos y aportes financieros marcaron posteriormente la diferencia en la proyección temporal.
Hay mucho espacio vivido comunitariamente en el tema del agua y algunas variaciones –contemporáneamente- en general han favorecido las posibilidades de uso y disfrute, tanto para productores de la tierra como de las industrias como para ciudadanos individuales.
- El advenimiento de la industria mereció preocupación medioambiental.
- el crecimiento poblacional mereció preocupación en la red. Aun así, el consumo de agua potable es de casi el doble de países desarrollados y más que nuestra pampa húmeda;
- el incremento de las zonas plantadas mereció preocupación por la percolación, la impermeabilización de canales, los diques, etc. El deterioro de la red en cuanto a su impermeabilización comenzó a recuperarse hace pocos años. La falta de mantenimiento hacía que, en tramos de 50 km., se filtrara –improductivamente- el 50% del volumen.
Marcados por la naturaleza.
Todo esto mereció razonar profundamente, porque las lluvias son escasas; la precipitación anual promedio es de 220 mm por año. De allí que la actividad económica dependa de los aportes de los deshielos de alta montaña y del agua subterránea.
La morfología dominante en Mendoza determina que los ríos de cauce permanente, se alimenten del deshielo proveniente de las acumulaciones níveas en la Cordillera de los Andes y escurran hacia la llanura oriental como cuencas, salvo el Rio Desaguadero.
Solamente el 3 % del total de la superficie provincial esta cultivada y habitada. La palabra OASIS es común en Mendoza. El «acqua-dependencia» debería suponer una gran preocupación por su buen uso.
La vida del Departamento de Irrigación.
El DGI ha venido funcionando respetando su ley creadora y realizando algunas modificaciones en su estructura y su accionar que responden a las necesidades de la época. Muchas relacionadas con lo antes citado. Lo más relevante se mantiene, como dice el artículo 186º de esa Constitución: “El uso del agua del dominio público de la provincia es un derecho inherente a los predios…”
Querer modificar la Constitución y el DGI y armar una nueva LEY DE AGUAS con el argumento de que hace mucho que está, es un pensamiento “pandito” que muestra superficialidad en los dirigentes que lo proponen. Ni todo lo viejo es malo ni todo lo nuevo es adecuado.
La preocupación por el bien común impone dejar de lado caprichos partidarios y vientos traídos por el incontenido modernismo. El bien común sobre un bien social amerita el tratamiento en común.
Sugerencia.
Un bien como el agua merece la presencia, discusión, opinión e involucramiento del cuerpo social.
No creemos que sea suficiente el tema de mayorías legislativas. Menos de opiniones de expertos, que –por otra parte- parece que no se los tiene tan en cuenta por el oficialismo.
Aquí reclamamos la presencia activa de la economía social. Debe hablar y entendemos que lo está haciendo, el tercer sector. El tema es que debe ser escuchado. Las entidades intermedias de consumidores citadinos: ligas de consumidores, mutuales de consumo y cooperativas; Federaciones de ambas; el EPAS (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento) incluído, etc. El mundo académico privado y público. Los productores unidos en la Asociación de Viñateros, ACOVI; Fe.Co.Vit.A, CONINAGRO, etc. Los regantes en sus Delegaciones, asociaciones y la Federación de inspecciones de cauce; los comercios e industrias unidos en la UCI, FEM; etc.
Parece que más que un cambio legal -que luego de varias negociaciones podría correr la suerte de un cambio cosmético con el consabido ineficaz costo legislativo- lo que sería importante definir, es un PLAN HÍDRICO PROVINCIAL.
Buscar el consenso más que la imposición de la mayoría. Lo que está en riesgo es un recurso escaso social y también está en riesgo el patrimonio de usuarios y mendocinos por posibles cataratas de conflictos al “tocar” la intangibilidad de los derechos empadronados; manipular intereses vigentes o desconocer inversiones recientes de productores.
Una vez más debemos respetar una inteligente prospectiva acordada por toda Mendoza, propia de mentes sabias y de estadistas más que mezquinos intereses electorales.