El municipio que cobra bien, cobra más y discute menos
El municipio que cobra bien, cobra más y discute menos.
Entrevista al Dr. Cristian Altavilla (*) para Boletín Civilidad
Conversamos El Dr. Cristian Altavilla, investigador del CONICET y especialista en derecho público provincial y municipal, en un momento en que la discusión sobre la carga tributaria, la coparticipación y las tasas municipales está en el centro de la agenda pública. En esta nota nos explica por qué las tasas se convirtieron en el principal recurso de los municipios, qué exige hoy la Corte Suprema para que sean válidas y cómo evitar juicios, devoluciones y el rechazo de los vecinos. Es el expositor principal del Curso de Formación Ejecutiva en Tasas Municipales de Fundación Civilidad y Fundación Atenea I+D como un aporte para mejorar la técnica legislativa local.
- – Un relevamiento reciente indica que una pyme argentina paga al menos 34 tributos distintos: 16 nacionales, 8 provinciales y 10 municipales. ¿Cómo llegamos a esto?
- – Es el resultado de un federalismo fiscal desordenado. La Constitución de 1994 reconoce la autonomía municipal en el artículo 123, incluida la económica y financiera; es decir, el «derecho a los medios» para cumplir sus funciones. Pero en los hechos, la Ley de Coparticipación, los pactos fiscales y el Convenio Multilateral fueron cerrando casi todo el espacio para que el municipio cree impuestos propios. Hoy, salvo contadas excepciones, los municipios no cobran impuestos. Su poder tributario existe en la teoría, pero en la práctica es residual.
- – ¿Y qué hicieron los municipios frente a esa restricción?
- – Recurrieron a la única herramienta que les quedó a mano: la tasa. Con cada vez más servicios y competencias a cargo, y con pocos recursos propios, la tasa se volvió el tributo más importante de los gobiernos locales. El problema es que muchas veces se usa mal: se le pone el nombre de «tasa» a algo que en realidad funciona como un impuesto. Y eso, tarde o temprano, termina en los tribunales.
- – En octubre, un seminario en el Senado volvió a mostrar la falta de acuerdos sobre coparticipación. ¿El problema de las tasas se resuelve en el Congreso o en cada municipio?
- – En los dos lugares. Hay un debate de fondo, impostergable, para sincerar el reparto de recursos y potestades entre Nación, provincias y municipios; la ley de coparticipación que manda la Constitución sigue pendiente. Pero mientras esa discusión no avance, cada municipio tiene una tarea que sí depende de él: legislar bien. El ahogo financiero explica muchas cosas, pero no justifica la mala técnica legislativa que vemos en muchas ordenanzas fiscales.
- – Para un vecino, un comerciante o un concejal que no es abogado: ¿cuál es la diferencia entre una tasa y un impuesto?
- – Es sencilla de explicar. El impuesto se paga por lo que uno tiene o gana, sin que el Estado tenga que dar nada a cambio en particular. La tasa, en cambio, se paga porque el municipio presta un servicio concreto que llega a esa persona, a su inmueble o a su actividad: barrido y limpieza, alumbrado, inspección de seguridad e higiene de un comercio. Si no hay servicio, no hay tasa. Esa es la clave de todo.
- – ¿Importa cómo se la llame? Hay municipios que hablan de «derechos» o de «contribuciones».
- – El nombre no define la naturaleza del tributo: la Corte dice que hay que estar a la realidad de las cosas, no a la etiqueta. Pero eso no significa que dé lo mismo. La propia Corte ha dicho que la distinción entre tasa e impuesto «no es meramente académica», porque la Ley de Coparticipación solo deja a salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. Ponerle el nombre correcto, y que el contenido coincida con el nombre, es parte de una buena técnica legislativa.
- – ¿Cuáles son, en concreto, los requisitos que exige hoy la Corte Suprema?
- – En el reciente fallo «Banco de Galicia c/ Municipalidad de Córdoba», del 10 de septiembre de 2026, el juez Rosatti los sistematizó con mucha claridad. Son tres, y se tienen que cumplir todos juntos:
- Un hecho imponible claro y preciso, que identifique qué servicios o actividades se retribuyen. No alcanza con fórmulas como «cualquier otro servicio que tienda al bienestar general».
- La organización y puesta a disposición real del servicio a ese contribuyente. Si el servicio no existe, el cobro carece de causa y afecta el derecho de propiedad.
- Una cuantificación razonable, que pondere el costo global del servicio y la capacidad contributiva de quien paga.
A eso se suma el sustento territorial, que la Corte fijó en «Laboratorios Raffo» (2009): para cobrar la tasa de comercio e industria, el contribuyente tiene que tener un local, depósito o establecimiento dentro del municipio.
- – ¿Puede una tasa calcularse sobre los ingresos brutos de una empresa?
- – Sí, la Corte lo admitió en «Esso c/ Municipalidad de Quilmes» (2021), porque la capacidad contributiva puede usarse para repartir el costo del servicio entre los contribuyentes. Pero ese reparto tiene un techo: lo que se distribuye es el costo del servicio, no más. Cuando lo recaudado se desconecta por completo del costo, la tasa se transforma en un impuesto encubierto.
- – El fallo «Banco Galicia» cambió también quién tiene que probar que el servicio se prestó. ¿Por qué es tan importante para un municipio?
- – Porque invierte la lógica con la que muchos fiscos locales venían trabajando. Cuando la ordenanza describe los servicios de forma genérica y el contribuyente niega haberlos recibido, es el municipio el que debe acreditar que organizó y prestó el servicio. La Corte, apoyándose en «Quilpe», lo explica con sentido común: quien crea el tributo y tiene los registros es quien está en mejores condiciones de probarlo. Pedirle al vecino que demuestre que algo no ocurrió es una prueba imposible. En la práctica, esto significa que un municipio que no documenta sus inspecciones, sus cuadrillas o sus costos queda expuesto.
- – ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ve en las ordenanzas fiscales?
- – El atajo del facilismo. Fórmulas residuales del tipo «y cualquier otro servicio»; invocaciones retóricas al «bienestar general» o al «clima de negocios»; presunciones de que el servicio se presta por el solo hecho de que la empresa está radicada en el municipio; y, peor aún, cobrar por inspecciones que nunca se realizan. La saga de la contribución de la ciudad de Córdoba lo muestra muy bien: casi dos décadas de litigio, desde «Raffo» en 2009 hasta «Banco Galicia» en 2026, para terminar con la tasa declarada ilegítima. Eso destruye previsibilidad y alimenta una litigiosidad innecesaria.
- – Hace pocos días un juzgado de Pergamino ordenó al municipio de Colón reparar caminos rurales por los que un productor pagaba la tasa vial. ¿Qué enseña ese caso?
- – Es un ejemplo muy claro de lo que la Corte viene diciendo hace años. La tasa de red vial es legítima si el municipio mantiene los caminos y puede demostrarlo. Si el productor paga y el camino está intransitable, la tasa pierde su fundamento y, a los ojos del vecino, se vuelve un impuesto a la producción. El mensaje para los municipios es doble: tener un inventario de la red, un plan de mantenimiento y un presupuesto identificable; y poder mostrar qué se hizo con lo recaudado.
- – Además del riesgo judicial, ¿qué pasa con la relación entre el municipio y sus vecinos?
- – Es quizás el costo más silencioso. Cuando el vecino o la pyme sienten que pagan por algo que no reciben, aparece la resistencia fiscal: baja el cumplimiento voluntario, crecen los reclamos y se instala la idea de que toda tasa es un abuso. En cambio, una tasa bien diseñada, con un servicio visible y un costo explicable, es mucho más fácil de defender ante un juez y también ante la comunidad. El municipio que cobra bien, cobra más y discute menos.
- – Usted es el expositor principal del Curso de Formación Ejecutiva en Tasas Municipales que organizan Civilidad y Atenea I+D. ¿Por qué un curso así, y por qué ahora?
- – Porque la jurisprudencia de 2026 marcó un antes y un después, y muchas ordenanzas vigentes no resisten el estándar actual. El verdadero desafío para hacer operativa la autonomía municipal es doble: un debate federal de fondo, que excede a cada municipio, y una profesionalización urgente de la técnica legislativa local, que sí está en sus manos. El curso apunta a lo segundo. No está pensado solo para abogados: es para el intendente que firma la ordenanza tarifaria, el concejal que la vota, el secretario de hacienda que la aplica, el contador que liquida y el empresario que la paga.
- – ¿Qué se lleva quien lo cursa?
- – Herramientas concretas. Vamos a recorrer el concepto de tasa y sus diferencias con el impuesto; los principios constitucionales que la condicionan; qué significa «servicio efectivo» para la Corte; cómo definir el hecho imponible y la base de cálculo; y el procedimiento correcto para crearla, cobrarla y defenderla si se impugna. Lo trabajamos junto con Margarita Zabalza y Rodrigo Ranz, con casos reales. La idea es que cada participante pueda revisar las tasas de su propio municipio con otros ojos.
- – Para cerrar: ¿qué mensaje le dejaría a un intendente o a un concejal que hoy está por votar la ordenanza tarifaria del año próximo?
- – Que la autonomía municipal no es una franquicia para cobrar cualquier cosa, pero tampoco una palabra vacía. Hay espacios donde el municipio puede recaudar de forma válida y sostenible. Para aprovecharlos hay que hacer el trabajo: identificar el servicio, documentarlo, calcular su costo y escribir la norma con precisión. Esa es la mejor protección frente a los juicios y la mejor manera de ganarse la confianza de los vecinos.
Curso de Formación Ejecutiva en Tasas Municipales
Organizan | Fundación Civilidad y Fundación Atenea I+D |
Docentes | Cristian Altavilla, Margarita Zabalza y Rodrigo Ranz |
Cursada | 5 clases de 2 horas, martes y jueves de 18 a 20 hs, 100% online |
Fechas | 24/11, 26/11, 1/12, 3/12 y 10/12 |
Dirigido a | Intendentes, concejales, secretarios de hacienda, equipos técnicos municipales, contadores y dirigentes empresariales |
Inscripción | WhatsApp 11 7668-3611 |
Descarga programa completo del curso:
(*) Cristian Altavilla es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, con estudios doctorales en la Universidad de Bolonia y posdoctorados en Córdoba y Reggio Calabria. Es investigador del CONICET, profesor de Derecho Público Provincial y Municipal en la UNC y en la Universidad Siglo 21, y autor de Derecho Público Provincial y Municipal (Astrea, 2025) y Autonomía Municipal y Cartas Orgánicas (Ediciones Civilidad, 2024).
