Nos urge revertir la desfederalización
Nuestro país se encuentra afectado por un proceso que niega sus raíces históricas y marco constitucional vigente: la defederalización operante. La tendencia es continua (más allá del signo gobernante) como derivación de la creciente concentración del poder de imposición y su administración en el Gobierno Nacional con el deslizamiento del sistema de coparticipación federal hacia un sistema de transferencias condicionadas e incondicionadas. Consecuentemente la consolidación de la regla de la “emergencia económica” para justificar también el mayor ejercicio de poderes por parte del Poder Ejecutivo en desmedro del Congreso y de las Provincias y, muy especialmente y el abandono del Senado de su rol moderador del ejercicio del poder presidencial. Esto último, consecuencia de una errada “partidocratización” excesiva del órgano de representación de las Provincias en el artículo 54 de la Constitución.
Esto tiene corolarios muy concretos que no se han respetado: el sistema electoral nacional debe asegurar la vinculación estrecha entre distrito y representación; la actividad legislativa no puede hacer prevalecer los intereses de partido sobre los de las diversas regiones o grupos naturales de provincias; el Senado de la Nación tiene una responsabilidad esencial en la participación de las Provincias en el Gobierno Federal, especialmente en la definición de las políticas de Estado que en nuestro caso debe contemplar los intereses de la Nación en su conjunto tanto como las de cada una de sus partes. Recordar, en definitiva, que, de la recuperación y consolidación del régimen federal como orden de libertades concretas, dependerá la vigencia efectiva de la república y sus instituciones, y no al revés.
La matriz del desarrollo
El desarrollo económico -bajo cualquier forma de estado- debería tener como objetivos su evolución y crecimiento para beneficiar a todas las familias y grupos sociales, y concretarse en un marco de equilibrio y equidad territorial. Bajo un régimen político federal como el nuestro estos objetivos plantean el desafío adicional de proponerse alcanzar la justicia social con equidad regional y pleno respeto de la unidad en la diversidad en el marco del reconocimiento de las autonomías locales.
En la actualidad discutir las transformaciones del Estado Federal -a cualquier nivel-, supone responder algunas preguntas claves: ¿Qué actividades debe realizar cada nivel de gobierno? ¿Quién decidirá respecto de ellas y en orden a su ejecución? ¿Dónde se las va a desarrollar? ¿Qué recursos fiscales se necesita para atenderlas? Además de responder a estas preguntas, resulta esencial para aspirar a un razonable nivel de éxito resolver equilibradamente el tema de la descentralización y la integración de las acciones de gobierno.
Un modelo de desarrollo de plena inclusión socioeconómica requiere reconocer los siguientes objetivos estratégicos y permanentes:
- El arraigo de las familias en el municipio.
- La nutrición y educación primaria universales efectivas.
- El fortalecimiento de las economías regionales por la mayor integración de las cadenas de valor.
- La distribución equilibrada y solidaria de la renta tributaria federal.
De este modo, gobernar sigue siendo poblar, pero al mismo tiempo, promover la creación de trabajo genuino. Además, antes de poder acordar un nuevo sistema de distribución de recursos coparticipables (ley convenio de coparticipación) y, por ende, qué poder de imposición ejercerá cada nivel de gobierno, debe resolverse cómo se financia el sistema previsional nacional por su componente no contributivo, o sea impositivo. De lo contrario no abandonaremos el “laberinto de la coparticipación” y nos seguiremos deslizando hacia un sistema de transferencias condicionadas hacia las Provincias -ajeno a nuestro sistema fiscal federal- ni resolveremos el incremento de la presión impositiva que compromete aún más el desarrollo.
Desde una perspectiva completa del desarrollo federal, considerando la preservación de la soberanía política y la integridad territorial como objetivos primeros de toda política nacional, promover, asegurar y fortalecer el arraigo de las familias en el territorio donde naturalmente se han constituido no solamente representa concretar el mandato constitucional de asegurar la “protección integral de la familia (artículo 14 bis), con “tierra, techo y trabajo” al decir del Papa Francisco, además de la protección del derecho a la vida desde la concepción, la salud y la educación así como a un ambiente sano, todas mandas constitucionales o de los Tratados que la Nación ha ratificado, sino que constituye la base de una estrategia para la preservación de los intereses nacionales, absolutamente comprometida en la medida del desarraigo de las familias y la migración hacia los grandes aglomerados urbanos, que solo contribuye al crecimiento exponencial de la pobreza estructural, compromete el desarrollo de las economías regionales, y afecta gravemente la ocupación soberana de todo el territorio nacional.
La Constitución como programa de estado
Próximos a cumplir 30 años de reforma constitucional es necesario recordar los temas por ella habilitados en relación con el fortalecimiento del federalismo. Se avanzó en cuestiones muy relevantes para nuestro régimen federal como el régimen de autonomía municipal, el reconocimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la previsión formal de la creación de regiones como institución de las Provincias para el desarrollo económico y social, el reconocimiento del dominio originario de las Provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio, la atribución al Congreso de la Nación de facultades que se encontraban implícitas y ahora se explicitan para “Proveer al desarrollo humano y el crecimiento armónico de la Nación, promoviendo el equilibrio de provincias y regiones” (art. 75 inc. 19), la distribución de competencias en materia tributaria entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de Provincias y la adopción del régimen de coparticipación federal como sistema constitucional de coordinación tributaria, la exigencia de adecuar el Presupuesto General de la Nación a los mismos criterios establecidos en el artículo 75, inciso 2, para asegurar que el gasto federal tenga en cuenta los mismos objetivos que el régimen de coparticipación federal que se acuerde entre el Gobierno Federal y las Provincias, y la creación y reglamentación de un “banco federal con facultad de emitir moneda” (artículo 75, inciso 6).
No caben dudas en cuanto a que el programa de estado que nuestro país necesita en esta hora es el programa constitucional para el desarrollo federal.
Redacción Civilidad