El mérito, gran ausente en la administración publica

Mario Meneghini

Los argumentos con los que se pretendió –y aún se pretende, en la Argentina- justificar la necesidad de que los cargos de la Administración sean cubiertos discrecionalmente por el gobierno, pueden resumirse así: 

– El partido que accede al poder necesita que los funcionarios sean personas de su confianza, para poder cumplir con los programas partidarios, sin peligro de sabotajes.

 – La existencia de un cuerpo de funcionarios permanentes, puede degenerar en una casta, oligárquica e irresponsable. 

-Los partidos políticos en el sistema democrático, deben poder recompensar a sus partidarios con los cargos públicos; de lo contrario, no podrían lograr el apoyo activo de suficientes personas. 

Las ventajas del sistema de mérito, según el cual cada cargo debe ser ocupado por la persona más idónea, son las siguientes: 

1. Asegura mayor garantía de imparcialidad a la actividad de la administración pública. 

2. Aumenta considerablemente la eficacia de la administración, al seleccionar a sus empleados por sus aptitudes, y permite que, con la continuidad, obtengan una experiencia sumamente valiosa. 

3. Aprovecha el talento de los mejores ciudadanos, al permitir que ingresen todos los que desean hacerlo, sin prejuicios partidistas. 

4. Contribuye a lograr que el personal adquiera un espíritu de cuerpo, proclive al mejoramiento del servicio y a disminuir la corrupción. 

Los argumentos contrarios al sistema de mérito no tienen consistencia: a) No es fácil encontrar, al menos para los cargos superiores, personas que sean, además de políticamente confiables, suficientemente preparadas, y que puedan, además, abandonar sus negocios o profesiones, para ocupar un cargo público, sabiendo que sólo permanecerán en él cuatro años. b) La teoría de que un partido sólo puede funcionar si sus partidarios mantienen la esperanza del botín político, es la supervivencia de otra teoría, que sostenía que únicamente podía armar un ejército quien ofreciera buenas perspectivas de pillaje.

En la Argentina, se promulgó el primer estatuto del empleado público en 1957, año en que se incorporó también, al Art. 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho a la estabilidad de los agentes del Estado. Desde entonces, se fueron añadiendo algunas normas que configuran parcialmente una carrera administrativa. Pero, puede afirmarse que no existe todavía un verdadero servicio civil basado en el principio del mérito, que garantice integralmente que el ingreso y promoción de los empleados no estarán supeditados a la voluntad discrecional de las autoridades políticas.

En aquellos países donde la administración pública se ajusta al sistema del mérito, la misma ha llegado a tener una eficacia y a gozar de un prestigio indiscutible. La consecuencia más importante es que disminuye drásticamente la cantidad de cargos que pueden cubrirse por designación directa del gobierno.

El gobierno moderno es una actividad técnica, políticamente conducida. Por eso, la administración pública, como brazo civil del Estado, ha adquirido una gravitación innegable en la vida de los países, y, en particular, en el nuestro. Es que ya no basta la orientación general impresa a la labor gubernativa por el nivel político, ni la intuición genial de un caudillo; la complejidad de los problemas de la vida contemporánea requiere la experiencia y competencia de los funcionarios de carrera, que poseen la información actualizada y el contacto directo con la realidad. 

Es sabido que la Argentina ha perdido ya muchos años, y ha retrocedido desde el sitial que ocupaba hasta hace unas cuatro décadas. El país deberá realizar un esfuerzo enorme para no quedar definitivamente rezagado en el mundo, lo cual implica un formidable desafío para el Estado, que deberá incrementar su eficacia.

Si no se adoptan medidas urgentes que permitan revertir la situación, las consecuencias son previsibles e inevitables. Y para este salto cualitativo que necesita realizar el Estado, resulta imprescindible mejorar sustancialmente su sector administrativo. La capacidad administrativa es un factor multi-penetrante que, aunque nunca decisivo por sí mismo, afecta a todos los factores que pueden impedir o lograr un desarrollo nacional óptimo.

Resulta llamativo que, desde 1983, en los 25 años que el gobierno argentino estuvo a cargo del mismo partido que en el presente, no se haya tenido en cuenta lo que recomendó el fundador de dicho partido, en su testamento político: “…el gobierno que necesitamos debe caracterizarse por: a) Tener centralizada la conducción y descentralizada la ejecución; b) Actuar con planificación, estableciendo la suficiente flexibilidad que permita introducir los reajustes que correspondan. Entre los planificadores y quienes decidan y ejecuten, debe existir una absoluta coincidencia de equipo; c) Posibilitar la participación de todo el país, procurando instrumentar la forma para facilitar el alcance de los objetivos propuestos; d) Concebir el gobierno como un medio al servicio total de la comunidad, para lo cual deberá lograr la máxima eficiencia posible; e) Contar con funcionarios estables, de la mayor capacidad, que permanezcan ajenos a los cambios políticos.”