Tierra del Fuego, en riesgo

Lic. Fernando Gliubich

 La Ley 19.640, sancionada en 1972, creó el Área Aduanera Especial en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y la soberanía en un territorio históricamente aislado y estratégico para la Argentina. Esta ley otorgó un régimen de exenciones fiscales y aduaneras para promover la radicación de población, la industrialización local y la inversión privada. Durante más de cinco décadas, la provincia consolidó una estructura productiva centrada en la industria electrónica y electrodoméstica, generando empleo directo e indirecto para miles de familias fueguinas.

En el contexto actual, el gobierno nacional ha impulsado una quinta reducción de los beneficios fiscales asociados al régimen, al tiempo que ha avanzado con una baja en los aranceles de importación (de 17% a 10,5% con meta fiscal 0% y eliminación de licencias no automáticas) para productos que compiten directamente con los fabricados en la isla. Estas medidas han generado un profundo debate sobre las consecuencias a nivel político, económico y social, no solo para Tierra del Fuego, sino también para el modelo de federalismo fiscal argentino. Este cambio implica una transformación con impactos en precios, empleo, valor agregado y estructura industrial.

La llamada “quinta reducción” de beneficios fiscales implica una profundización del ajuste económico propuesto por la actual administración nacional. Las medidas abarcan la eliminación progresiva de exenciones impositivas sobre bienes producidos o importados en Tierra del Fuego, afectando tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias e Impuestos Internos. Paralelamente, se ha impulsado una baja en los aranceles de importación de productos electrónicos, facilitando el ingreso de bienes terminados a menor costo desde mercados como China, Corea o Brasil.

El argumento oficial se basa en la necesidad de eliminar “privilegios” que, según el gobierno, benefician a un pequeño sector industrial a costa del resto del país. Se sostiene que la eliminación del régimen permitirá reducir el gasto fiscal y promover una mayor competencia. Sin embargo, esta perspectiva ignora las particularidades geográficas, demográficas y logísticas de Tierra del Fuego, donde el régimen fiscal especial ha sido un instrumento clave para garantizar su integración al resto del territorio nacional.

Desde el punto de vista político, la decisión del gobierno nacional ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades provinciales, gremios, representantes legislativos y actores del sector industrial. El Gobernador Gustavo Melella ha calificado estas medidas como “una agresión a la soberanía” y “un intento de vaciamiento del régimen fueguino”, mientras que diversos dirigentes y referentes locales advirtieron sobre una pérdida de autonomía de las provincias en la definición de sus estrategias de desarrollo.

El conflicto evidencia una tensión creciente entre el modelo centralista propuesto por el Poder Ejecutivo y los principios de federalismo consagrados en la Constitución. Tierra del Fuego es un caso emblemático: su crecimiento poblacional, infraestructura y tejido social se sostienen en gran parte gracias a un esquema fiscal particular, que hoy se ve amenazado. En este contexto, se reabre el debate sobre el alcance de las políticas nacionales en territorios periféricos y la necesidad de diseñar modelos de desarrollo más equitativos y respetuosos de las realidades locales.

Las consecuencias económicas de la quita de beneficios y la baja de aranceles podrían ser devastadoras para la estructura productiva fueguina. Actualmente, más del 70 % de la industria electrónica nacional está radicada en la provincia, con empresas líderes como Newsan, Mirgor, BGH, Electrofueguina y Brighstar, que generan más de 8.500 empleos directos y alrededor de 20.000 indirectos. La eliminación de los incentivos podría provocar una ola de cierres, suspensiones y despidos masivos.

Además, al permitir el ingreso de productos extranjeros más baratos, las empresas locales pierden competitividad y se ven forzadas a reducir su escala de producción o reconvertirse, lo que requiere inversiones y tiempo que no todas están en condiciones de afrontar. Desde el punto de vista del consumidor, la baja de precios podría ser apenas perceptible, mientras que el costo social, en términos de desempleo, pobreza y migración interna, podría ser alto y duradero.

A nivel fiscal, se estima que el costo del régimen ronda los USD 1.500 millones anuales. Sin embargo, estudios recientes advierten que este gasto se compensa en parte con la recaudación por ingresos laborales, consumo y actividad económica local. La eliminación abrupta de los beneficios, sin una estrategia de reemplazo o desarrollo alternativo, podría derivar en una caída significativa del PBI provincial y un incremento en la demanda de asistencia social.

Desde una mirada social, el impacto también es significativo. Tierra del Fuego es una de las provincias más jóvenes del país, con una población que ha crecido de forma sostenida desde la sanción de la Ley 19.640. Gran parte de su identidad colectiva y su estabilidad social se construyó en torno a la industria y las oportunidades que esta generó. La eliminación de estos incentivos no solo pone en riesgo miles de puestos de trabajo, sino también la cohesión social, el arraigo y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Los gremios ya han alertado sobre posibles medidas de fuerza, mientras que diversas organizaciones civiles manifestaron su preocupación por el futuro de las familias fueguinas. El cierre de fábricas o su reducción operativa podría provocar el éxodo de trabajadores calificados, el aumento de la informalidad y la precarización de la vida en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

La decisión de reducir los beneficios fiscales de Tierra del Fuego y bajar los aranceles de importación debe analizarse con una mirada integral, que contemple no solo el ahorro fiscal inmediato, sino también las consecuencias a largo plazo sobre el desarrollo territorial, la integración nacional y la justicia social.

Desde el punto de vista político, la medida reaviva viejos debates sobre federalismo y autonomía provincial. En lo económico, amenaza con desmantelar un polo productivo estratégico. Y en lo social, pone en riesgo el tejido humano construido durante más de cinco décadas.

El desafío actual consiste en encontrar un equilibrio entre la eficiencia fiscal y la necesidad de sostener un modelo de desarrollo inclusivo, con políticas diferenciales que reconozcan las asimetrías del territorio argentino. Tierra del Fuego no solo es una provincia: es un símbolo de soberanía, trabajo y esperanza, que merece ser defendido.